Ley de Movilidad Sostenible: qué exige a las empresas
La Ley 9/2025 explicada para quien tiene que cumplirla: a quién afecta, qué plan exige, en qué plazo y qué pasa si no llegas.
La Ley de Movilidad Sostenible lleva en vigor desde el 5 de diciembre de 2025. Es una ley larga, con más de cien artículos, y la mayor parte habla de administraciones, financiación del transporte público y datos. Pero hay un artículo que afecta directamente a las empresas, el 26, y tiene fecha: el 5 de diciembre de 2026.
Esta guía resume la ley y se detiene en esa obligación. Todo lo que citamos entre comillas es texto literal del BOE.
Qué es la Ley de Movilidad Sostenible
Es la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible. Se publicó en el BOE número 291, el 4 de diciembre de 2025, y entró en vigor al día siguiente.
Su punto de partida es tratar la movilidad como un derecho de las personas que las administraciones tienen que facilitar, y ordenar con ese criterio cómo se planifica, se financia y se mide el transporte en España. A grandes rasgos, regula:
- La planificación. Qué instrumentos de planificación de la movilidad tienen que tener el Estado, las comunidades autónomas, los municipios y los grandes centros de actividad.
- Los datos. Crea el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde se reúne la información sobre oferta y demanda de transporte.
- La financiación del transporte público colectivo urbano.
- La innovación, con un espacio de pruebas para proyectos piloto de movilidad.
- Los planes de movilidad sostenible al trabajo, que son la parte que toca a las empresas.
La ley también deja escrito un orden de preferencia para la movilidad urbana (artículo 28): primero la movilidad activa, a pie o en bicicleta; después el transporte público colectivo; después los «esquemas de movilidad de alta ocupación», y por último el vehículo privado, primando el de menores emisiones. Ese orden es el que tiene que respetar cualquier plan.
Qué obliga a hacer a las empresas
El artículo 26 obliga a tener un plan de movilidad sostenible al trabajo en cada centro de trabajo grande. El texto vigente dice:
«En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, las empresas y las entidades pertenecientes al sector público […] deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno cuyo centro de trabajo habitual sea dicho centro de actividad.»
Tres cosas que conviene leer despacio:
- La obligación es por centro de trabajo, no por empresa. Una empresa con tres centros que superan el umbral necesita un plan para cada uno. Una empresa de 5.000 personas repartidas en oficinas pequeñas puede no tener ninguno obligado.
- Hay dos umbrales. Más de 200 personas en el centro, o 100 por turno. El segundo alcanza a centros más pequeños que trabajan a turnos: hospitales, fábricas, centros logísticos.
- Afecta también al sector público. A las entidades del sector público estatal con los mismos umbrales, y al resto del sector público si la administración competente en su territorio lo establece.
El plazo: 5 de diciembre de 2026
La ley original daba veinticuatro meses. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, cambió el artículo 26 y lo dejó en doce. Como la ley entró en vigor el 5 de diciembre de 2025, la fecha límite para disponer del plan es el 5 de diciembre de 2026.
Si has leído en algún sitio que el plazo acaba en diciembre de 2027, es información anterior a marzo de 2026.
Qué tiene que incluir el plan
El apartado 3 del artículo 26 dice que los planes «incluirán soluciones de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo»:
- el impulso de la movilidad activa,
- el transporte colectivo,
- la movilidad de bajas emisiones,
- soluciones de movilidad «tanto compartida como colaborativa»,
- soluciones para facilitar el uso y la recarga de vehículos cero emisiones,
- el teletrabajo, en los casos en los que sea posible.
Además, el plan tiene que incluir medidas de seguridad vial y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro, y tener en cuenta no solo a la plantilla, sino también a «visitantes, proveedores y a cualquier otra persona que requiera acceder al centro de trabajo». Puede contemplar la compensación de la huella de carbono, pero solo para la movilidad «sobre la que no se haya podido actuar».
En la práctica, un plan serio empieza por un diagnóstico: cómo llega hoy la gente al centro, desde dónde y a qué horas. Las medidas salen de ahí. Si la mayoría llega en coche y sola, un plan que solo hable de aparcabicis y teletrabajo no responde a lo que pasa en ese centro.
Centros de más de 1.000 personas
Para los centros de más de 1.000 personas trabajadoras situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, la ley añade obligaciones: medidas para reducir la movilidad en horas punta y para promover los medios de bajas o cero emisiones y los «servicios de movilidad colaborativa».
Hay que negociarlo con la plantilla
El plan no se redacta en un despacho y se cuelga en la intranet. La ley dice que los planes «serán objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras».
Si en la empresa no hay representación legal, se crea una comisión negociadora con la empresa a un lado y, al otro, los sindicatos más representativos y los representativos del sector. En las cooperativas lo aprueba el consejo rector.
La ley también ha cambiado el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula el contenido de los convenios colectivos. Desde ahora, al negociar un convenio existe «el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo». Se aplica a los convenios cuya comisión negociadora se constituya después de la entrada en vigor de la ley.
El seguimiento: un informe cada dos años
Tener el plan aprobado no cierra el expediente. En el plazo de dos años desde su aprobación hay que elaborar un informe de seguimiento sobre el nivel de implantación de las medidas, y repetirlo cada dos años mientras el plan esté vigente.
El EDIM incluirá un registro de planes de movilidad sostenible al trabajo con sus parámetros e indicadores más relevantes. Es decir: el plan y sus resultados van a ser comparables con los de otros centros, así que conviene elegir medidas cuyo resultado se pueda medir.
Qué pasa si no se cumple
La ley tipifica como infracción leve (artículo 106) no disponer del plan en plazo y no elaborar el informe de seguimiento, en ambos casos «cuando con ello se produzca un perjuicio para el sistema de movilidad». Las infracciones leves se sancionan con multas de 101 a 2.000 euros (artículo 107) y prescriben a los seis meses.
La multa es pequeña. Lo que puede pesar más está fuera del régimen sancionador: la plantilla y sus representantes saben que el plan es obligatorio y pueden exigirlo, y la movilidad al trabajo ya forma parte de lo que se negocia en cada convenio.
Cómo encaja el coche compartido
El coche compartido aparece en la ley por tres sitios. El preámbulo se refiere a «los nuevos servicios de movilidad colaborativa como el coche compartido». El artículo 26 pide a los planes soluciones de movilidad «tanto compartida como colaborativa». Y el orden de preferencia del artículo 28 coloca la alta ocupación por delante del coche con una sola persona.
Tiene lógica. En muchos centros de trabajo, sobre todo polígonos, hospitales y campus fuera del casco urbano, el transporte público no llega o no llega a la hora del turno, y pedir a la gente que vaya en bici no es realista. Lo que sí se puede cambiar es cuántas personas van en cada coche.
Es también una de las pocas medidas cuyo resultado se puede medir trayecto a trayecto: cuántos viajes compartidos hubo y cuántos kilómetros en solitario se evitaron.
Eso es lo que hace CarHey. Quien comparte coche para ir al trabajo registra el trayecto en la app, el trayecto se verifica por GPS y CarHey paga a conductor y pasajeros por los kilómetros compartidos. La empresa no paga nada y recibe datos agregados y anónimos para su plan y su informe de seguimiento. Lo contamos con detalle en la página sobre el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo entró en vigor la Ley de Movilidad Sostenible?
El 5 de diciembre de 2025, al día siguiente de su publicación en el BOE.
¿Qué empresas están obligadas a tener un plan de movilidad?
Las que tengan centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno. La obligación se mira centro a centro.
¿Cuál es la fecha límite?
El 5 de diciembre de 2026, tras el cambio de plazo que introdujo el Real Decreto-ley 7/2026.
¿Mi empresa tiene 150 personas, me afecta?
Si ningún centro supera las 200 personas ni las 100 por turno, la ley no te obliga a tener el plan. Aun así, tu comunidad autónoma o tu ayuntamiento pueden tener normas propias: compruébalo.
¿Quién aprueba el plan?
La empresa, después de negociarlo con la representación legal de la plantilla.
¿Cuánto es la multa por no tener el plan?
Entre 101 y 2.000 euros, como infracción leve, cuando el incumplimiento cause un perjuicio para el sistema de movilidad.
¿La ley obliga a los trabajadores a compartir coche?
No. Obliga a la empresa a tener un plan con medidas. Usarlas es voluntario para cada persona.
Esta página es un resumen informativo y no sustituye al texto de la ley ni al consejo de tu asesor.